Con el rótulo de “proceso de participación ciudadana”, el Gobierno y la empresa MARA intentan enmascarar un nuevo fraude contra el pueblo de Andalgalá. Como habitantes del territorio que pretenden sacrificar a intereses corporativos, vecinas y vecinos decidimos NO AVALAR ESTE CIRCO y pedimos su NULIDAD y SUSPENSIÓN.
El reclamo fue presentado ante la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera (DIPGAM) y a lo largo de 30 páginas detalla numerosas irregularidades que develan la ilegalidad de la instancia:
*Según documento oficial, la empresa presentó el Informe de Impacto Ambiental (IIA) para la investigación de campo 2023-2024 el 17 de agosto de 2023 en la DIPGAM y desde allí fue remitido a diferentes organismos especializados el 30 de setiembre de ese mismo año. En enero, volvió a la DIPGAM con numerosas observaciones.
*Recién el 27 de febrero de 2024, la DIPGAM habilitó la consulta del IIA, de forma presencial y física en horario matutino. Entre esa fecha y el 21 de marzo –día en que se fijó la “audiencia pública”- sólo median 18 días hábiles para acceder, leer, estudiar, analizar, contrastar, corroborar, etc. información técnica dispuesta en 4 tomos y cientos de páginas (Imagen 1).
*La ecuación es fácil y perversa: Mientras organismos especializados pero aliados contaron con cuatro meses y medio para analizar el IIA, los vecinos comunes y principales afectados sólo tuvimos ¡dos semanas!
*Por si fuera poco, la información es INCOMPLETA y POCO CLARA. Este ocultamiento y dificultad de acceso se agrava porque en varias partes el IIA remite a documentos de Internet (links), imposibilitando la lectura a quienes no tienen acceso a la red.
*El Gobierno confunde adrede los términos “charla técnica” y “participación ciudadana” para burlar a la comunidad y cumplimentar engañosamente lo que consideran una mera formalidad.
*El Gobierno autorizó el 24/01/23 a MARA a utilizar 100.000 litros de agua por día durante seis meses, lo que equivale a 18.100.000 litros de agua en 181 días, en un contexto de crisis hídrica‼️
*El Gobierno de Catamarca tiene participación accionaria en MARA y es a la vez encargado de su control. Semejante incompatibilidad no precisa más explicaciones.
*A simple vista, el IIA presenta numerosas y gravísimas omisiones e irregularidades. Baste como ejemplo que la hipotética escombrera fue reubicada SOBRE la ruta que une Andalgalá y Santa María (Imagen 3). Esto sin contar que provocaría drenaje ácido a perpetuidad sobre el acuífero Campo del Arenal. Saque sus propias conclusiones.
*Con esta instancia, Gobierno y empresa buscan legalizar la continuidad de un accionar delictivo en una zona que YA ha sido brutalmente intervenida y dañada (Imagen 4). Todo esto sin conocimiento ni consentimiento del pueblo, lo cual viola la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, entre otras normas.
En definitiva, nos ofrecen cientos y cientos de páginas que NO DICEN NADA. Cuatro tomos sin contenido pero llenos de intereses corporativos. Y no vamos a ser parte de este fraude.
