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COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS
Ante los hechos de público conocimiento vinculados a una investigación judicial por presuntas maniobras de estafas y falsificaciones que habrían tenido lugar en nuestra provincia, y en la que se menciona la posible participación de abogados, empleados del Poder Judicial, de la Dirección de Catastro, del Registro de la Propiedad y de la Policía de la Provincia, el Colegio de Abogados de Catamarca expresa su más enérgico repudio frente a cualquier conducta que vulnere la ley, la ética profesional y el principio de legalidad.
Como institución representativa de la abogacía catamarqueña, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la transparencia, la legalidad y el respeto por el Estado de Derecho. Las acciones que pudieran haber sido cometidas por quienes ostentan responsabilidades públicas o profesionales deben ser investigadas con rigurosidad y juzgadas con imparcialidad, asegurando que no queden impunes quienes hayan traicionado la confianza de la ciudadanía.
Manifestamos nuestra profunda preocupación por la gravedad institucional que revisten los hechos denunciados y solicitamos el pronto esclarecimiento de lo sucedido. Confiamos en que el Poder Judicial actuará con independencia, objetividad y celeridad para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, garantizando el pleno respeto al debido proceso y evitando cualquier tipo de impunidad.
El Colegio de Abogados de Catamarca pone a disposición de las autoridades competentes su colaboración para el avance de la investigación, y reitera que, en caso de verificarse conductas contrarias a la ética o al ejercicio profesional, se activarán los mecanismos disciplinarios establecidos en la normativa vigente.
Hacemos un llamado a la sociedad catamarqueña a no generalizar ni atribuir a todo un colectivo profesional hechos que, de confirmarse, deben ser considerados excepcionales y ajenos a la inmensa mayoría de los abogados y funcionarios que ejercen sus funciones con honestidad y responsabilidad.
Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia íntegra, transparente y confiable, y con el fortalecimiento de una abogacía al servicio de la ley, los derechos de las personas y el bien común.
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